Los inversores “se están inclinando cada vez más iniciativas sostenibles” por eso hace falta “crear el marco propicio” para fomentar este tipo de negocios, sostiene el Dr. Sebastián Ramos

El gobierno uruguayo anunció la creación de un espacio de diálogo interinstitucional para la implementación de políticas que promuevan las finanzas sostenibles, atendiendo a los factores Ambiental, Social y Gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés). El Dr. Sebastián Ramos, de Ferrere Abogados, ve con buenos ojos esta iniciativa y asegura que para fomentar este tipo de financiación sería conveniente lanzar un proceso de emisión de bonos simplificado para las empresas, que capte la atención de inversores “dispuestos a apoyar iniciativas sostenibles”.

Según las Naciones Unidas, la sostenibilidad refiere a la capacidad de cubrir las necesidades de las generaciones actuales sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras. Las Finanzas Sostenibles implican, por tanto, la incorporación de factores ESG en la toma de decisiones financieras.

En el Taller “Finanzas e inversiones sustentables, avances y oportunidades para posicionar a Uruguay”, de agosto de este año, la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, anunció que su cartera y el Banco Central (BCU) recibieron el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de Naciones Unidas para convocar a las entidades del sector financiero y del mercado de valores para empezar a trabajar en el tema.

“Vemos positiva la creación de ámbitos plurales que avancen en estos temas. Uruguay tiene una oportunidad de acceder a financiamientos externos si crea un marco propicio para atender los factores ESG de las empresas. Creemos, además, que el BCU debería hacer los cambios necesarios para facilitar estos productos financieros. Es necesario realizar flexibilizaciones para fomentar la aparición de bonos verdes o bonos de sostenibilidad”, expresó Ramos.

Los principales instrumentos de financiamiento sostenible son los bonos temáticos, que son títulos de deuda que se emiten con el objetivo de contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.

Hay dos grupos principales: los bonos de uso de ingreso y los bonos vinculados a la sostenibilidad. Los bonos de uso de ingreso se emiten con la condición de que los fondos se dediquen a financiar proyectos con beneficios medio ambientales y/o sociales específicos. Algunos ejemplos son: los bonos verdes (para proyectos de energías renovables y gestión de residuos, entre otros), sociales (para iniciativas que garanticen, por ejemplo, la seguridad alimenticia o la vivienda asequible), azules (enfocados en soluciones para el océano y el agua) y de género (para proyectos que apoyen el empoderamiento de la mujer).

Los Bonos Vinculados a la Sostenibilidad, en cambio, no financian proyectos específicos, sino que se basan en el cumplimiento de objetivos en materia de sostenibilidad. “Una empresa que trabaje con iniciativas medio ambientales y quiera emitir bonos sustentables tendrá una serie de requisitos que cumplir. Deberá fijar indicadores, monitorearlos y luego rendir cuentas”, indicó.

Consultado cómo está Uruguay en cuanto a la emisión de bonos de este tipo, Ramos dijo que “se está quedando atrás” si se lo compara con Argentina, Brasil o Chile. De todos modos, Ramos destacó algunas iniciativas que van en ese sentido, como el Crédito Coche Carbono Neutral de Banco Santander -en el que la institución financiera otorgará a nombre del cliente bonos de carbono por cada coche 0 km que se financie.

También mencionó la Rendición de Cuentas, que incorporó la modificación del Impuesto Específico Interno (IMESI) aplicable a las gasolinas, que pasará a gravar con el impuesto a partir de 2022 a los combustibles con emisiones de CO2 (dióxido de carbono). La medida “puede fomentar que el empresario reconvierta su negocio para descarbonizarse y así tener un beneficio fiscal”.

En opinión del experto las grandes empresas del sector agropecuario, deberían tener facilidades para emitir bonos sostenibles porque “son justamente esas las empresas que acceden al mercado de capitales”.

“Hoy en día en el BCU al empresario le piden garantía, calificación, una serie de requisitos que hacen que sea muy caro emitir. Entonces vale la pena atravesar todo el proceso solo si se emite un monto muy importante”, señaló y agregó que es conveniente lanzar un proceso de emisión simplificada, más rápido y dirigido a empresas medianas para emisiones de hasta 500 mil dólares pero vinculadas a temas sostenibles.

“Eso solamente, aunque la tasa de rentabilidad sea la misma de los proyectos no sostenibles, ya va a hacer que la gente apueste por inversiones sostenibles. El inversor quiere poner dinero en cosas que siente que hacen la diferencia. Y el mercado está sólido, entonces creo que es posible flexibilizar el sistema para que haya un crédito más rápido y accesible”, concluyó.

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