Los empresarios reclaman una regla fiscal, mayor inserción internacional, acceso al crédito para las pymes, una profunda reforma educativa y derogar el decreto que regula las ocupaciones de los lugares de trabajo. Al mismo tiempo, advirtieron que “ya no se puede” seguir deteriorando la competitividad y plantearon medidas concretas para crear “un clima de negocios que incentive la inversión y el trabajo”. 

La Confederación de Cámaras Empresariales (CCE) advirtió el pasado viernes  al sistema político que “ya no se pueden seguir aprobando normas que deterioren más y más la competitividad” de las empresas y reclamó encarar sin demoras “las reformas imprescindibles para crear un clima de negocios que incentive la inversión y el trabajo uruguayo”.

Los empresarios manifestaron su voluntad de trabajar con las autoridades y proponer alternativas para construir “un Uruguay competitivo”, caracterizado por “una economía sólida e innovadora, de ciudadanos calificados y prósperos, con más y mejor trabajo”, y su determinación de no limitarse únicamente a “comentar la realidad y el presente”. “Imaginamos y nos ilusionamos con un futuro distinto”, señalaron desde la CCE.

Además, reclamaron definir estrategias de inserción internacional, tanto dentro como fuera del Mercosur, negociando con los países del bloque para que se habiliten modalidades de negociación con terceros países, en conjunto o individualmente.

También plantearon la necesidad de mejorar y ampliar la infraestructura existente, de modo de posicionar a Uruguay como un hub logístico, agilizar los procesos de evaluación de obras y publicación de llamados por parte del sector público y profundizar el calado de operaciones del puerto de Montevideo hasta los 14 metros en el corto plazo.

Los empresarios propusieron además transformar el modelo educativo actual implementando las propuestas del libro abierto de Eduy21 y fortalecer las capacidades del país en materia de ciencia, tecnología e innovación. A la vez sugirieron agilizar el acceso al crédito de las pymes y mejorar el sistema de compras públicas reservando una parte del mercado a las empresas nacionales.

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